Se ha publicado que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua pagaron 425.000 por trabajos de asesoría sobre la unidad monetaria en América Latina. Los autores de este breve artículo somos profesores de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca y explicamos en nuestras clases las condiciones necesarias para el establecimiento de una unión monetaria. La respuesta sobre si es posible una Unión Monetaria Latinoamericana o Bolivariana tiene fácil respuesta, a nuestro juicio, y no hace falta, en modo alguno, ni un equipo de expertos internacional, ni 425.000 euros, ni mucha investigación. Vamos a ilustrar la respuesta refiriéndonos al caso de los cuatro países que contrataron la investigación pero es muy sencillo extrapolarlo al resto de América Latina.
La teoría que permite contestar esa pregunta es bastante sólida al menos desde la elaboración de las Áreas Monetarias Óptimas por parte Mundell, cuyo artículo seminal se publicó en 1961 en la prestigiosa American Economic Review. En su aportación, que en parte motivó que le concedieran el Premio Nobel en 1999, destacaba la importancia de que las crisis asimétricas que pudieran padecer alguno de los países que pretendían formar parte de una unión monetaria fueran poco relevantes o al menos poco probables, la conveniencia de disfrutar de unos mercados laborales y de bienes y servicios flexibles y también de disponer de un sistema automático de transferencias fiscales entre los potenciales países miembros. Posteriormente las aportaciones de McKinnon y Kenen, entre otros, han insistido en la importancia de la existencia de las preferencias homogéneas entre los países que pretenden formar una unión monetaria así como la necesaria elevada apertura comercial, la diversificación en la producción y el comercio, la conveniencia de compartir una similar aversión a la inflación y la conveniencia de coordinar las políticas.
La primera parte de la respuesta tiene que ver con alguno de los beneficios que se derivan de una moneda única más allá de propiciar el comercio y la inversión entre los países, eliminar los costes de cambio de moneda, entre otros. En el caso de España en el euro o de la dolarización de Ecuador, hay unos beneficios directos derivados de la adopción de una moneda fuerte, con menos inflación y, por tanto, con tipos de interés más bajos, lo que en España se ha traducido en un fuerte empujón a la demanda interna, con el desarrollo de instrumentos financieros (como las hipotecas a 25 años) que no son posibles en entornos de alta inflación. Por tanto, la primera pregunta sería si un Banco Central Bolivariano sería capaz de gestionar una moneda más fuerte, más segura que las monedas de cada uno de los países. En Europa el euro heredó la credibilidad antiinflacionista del Bundesbank y la correspondiente estabilidad y fortaleza del marco alemán y ello le permitió a la moneda única europea ser considerada desde sus inicios como una moneda que cumple adecuadamente su función de depósito de valor, uno puede confiar en el euro como moneda para ahorrar en ella. Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar entre los cuatro países cuál podría ser el referente. La inflación más baja la tiene Ecuador, pero no tiene una moneda propia, sino que es una economía dolarizada, Bolivia y Nicaragua han hecho esfuerzos en los últimos años para contener la inflación mientras que Venezuela tiene la inflación descontrolada. Por tanto, la primera parte, los posibles beneficios, ya nos lleva a cuestionar la viabilidad de una Unión Monetaria Bolivariana (o Latinoamericana).No está claro que un Banco Central Bolivariano vaya a ser capaz de ofrecer una moneda mejor que la que tienen los países y esta cuestión es clave porque Ecuador solo podría abandonar el dólar si cambia esa moneda por otra moneda al menos tan fuerte. Si Ecuador cambia su moneda por otra de menos valor y con tendencia a depreciarse respecto al dólar, los ciudadanos ecuatorianos se encontrarían con deudas ya contraídas en dólares e ingresos en una moneda que pierde valor.
La existencia de beneficios tangibles es clave porque una unión monetaria también tiene costes importantes, costes que estamos sufriendo con mucha claridad en España y es que un país que forma parte de una unión monetaria pierde su capacidad para fijar el tipo de interés, su capacidad para decidir la cantidad de dinero que circula y su capacidad para fijar el tipo de cambio. Los tres son elementos básicos de política económica que, por ejemplo, son necesarios para estimular una economía en recesión (en ese caso, bajando el tipo de interés, incrementando la cantidad de dinero en circulación y buscando una depreciación de la moneda). Un país que forma parte de una unión monetaria no tiene esos instrumentos y depende, por tanto, de las decisiones del banco central de la misma que, además, si quiere ser respetado y creíble es conveniente que sea independiente.
Esto puede no ser un problema si los países que forman una unión monetaria tienen economías muy próximas en términos de estructura productiva, un intenso comercio entre ellos y comparten un mismo ciclo económico. En este caso, si hay una recesión ésta sucederá en todos los países que forman la unión y el banco central desarrollará una política favorable para todos los países. El problema surge si existen asimetrías entre los países, si los países tienen estructuras productivas diferentes, si el comercio entre ellos no es tan intenso y si los ciclos económicos son distintos. España es un buen ejemplo para ilustrar los posibles problemas. A pesar de que España guarda cierta simetría en términos de estructura productiva y más del 60 por 100 de su comercio se realiza con la UE, existen diferencias sustanciales, como la importancia del sector de la construcción, que permitieron que España tuviera una tasa de crecimiento mayor y una inflación mayor que la de los países de la Unión Monetaria Europea. La diferencia no era tan grande, pero sí lo suficiente para que la política monetaria del Banco Central Europea no fuera la que necesitaba España, ni antes de la crisis, cuando era demasiado expansiva, ni después de la crisis, cuando no fue lo bastante expansiva para la dimensión de la crisis española.
En el caso de los países latinoamericanos considerados es fácil observar que su proximidad es política, pero no económica. No son economías próximas, ni físicamente, ni en sus estructuras productivas, ni en su comercio, ni comparten un ciclo económico, ni las políticas económicas son similares. El contenido de las exportaciones revela bien las diferencias. El 90 por 100 de lo que exporta Venezuela es petróleo, en cambio en Ecuador esta materia prima solo supone el 55 por 100, destacando otro 27 por 100 que aportan los alimentos, Bolivia exporta hidrocarburos también, pero lo que produce, sobre todo, es gas que supone un 44 por 100 de la exportación, con otro 20 por ciento de metales. Por su parte Nicaragua exporta alimentos (60 por 100) y productos de su industria maquiladora. El comercio entre estos países es muy limitado. Ecuador envió en 2012 solo el 4,2 por 100 a los países de esta hipotética unión aduanera, Bolivia algo más del 4, Venezuela algo menos del 4 y Nicaragua un 12 por 100. Por otro lado, el análisis de los crecimientos de estas economías revela que, incluso en el periodo expansivo que comienza a partir de 2003 tras la subida de los precios de las materias primas, estos países siguen ciclos no homogéneos, con la economía venezolana más dependiente de la evolución del petróleo y la nicaragüense del ciclo económico de Estados Unidos.
La conclusión es que estos países presentan notables asimetrías que hacen imposible el establecimiento de una moneda común. No están claros los beneficios que se derivarían de esta opción, no es evidente que el banco central de esta hipotética área monetaria pudiera ofrecer y garantizar una moneda fuerte que sirva adecuadamente como depósito de valor y como instrumento para el ahorro. Por el contrario, sí son muy evidentes los costes, ya que con las asimetrías existentes el citado hipotético banco central no podría ofrecer una política monetaria que fuera adecuada para las distintas necesidades de estos 4 países.
Si fuéramos ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua sentiríamos que ha salido muy cara esta investigación. El importe recibido por la investigación mencionada parece reflejar un uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos (también escasos) de dichos países. La transparencia y la ejemplaridad deben practicarse también por los que critican a los actuales y anteriores gestores públicos y los que quieren la confianza de los ciudadanos para gestionar la economía.
